La reforma laboral no solo abarata la expulsión de los trabajadores en las empresas privadas, también abre la vía del despido masivo para cerca de 20.000 empleados del sector público extremeño que no han adquirido la condición de funcionarios. El decreto elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy facilita la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) en las administraciones públicas que aleguen "insuficiencia presupuestaria" durante nueve meses seguidos. Junta de Extremadura, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y toda clase de entes públicos que cuenten con personal laboral y eventual pueden acogerse a esta medida, que tampoco necesitará del visto bueno de la autoridad laboral competente. Ahora, casos como el que se dio en el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona hace un año --presentó un ERE de reducción de jornada que fue rechazado-- sí serán factibles.
Es difícil conocer con exactitud cuántos empleados públicos quedan en riesgo de verse afectados por un ERE tras aprobarse la reforma laboral, pero según las previsiones del sindicato CSIF Extremadura, podrían ser en torno a 20.000, el 22% de los 90.000 que hay actualmente en la región. José Fernández, presidente regional de la formación, explica que los funcionarios y el personal docente y sanitario quedarían fuera del proceso a todos los efectos ya que estos dos últimos grupos, aunque sean interinos o no tengan plaza fija, se rigen por el mismo estatuto que los primeros.
Esto significa que los ceses masivos solo se podrán aplicar, tras justificar los nueve meses de "insuficiencia presupuestaria", al personal laboral adscrito a la administración general. Cabe recordar que el personal laboral adscrito a empresas públicas como Gpex, Avante, Urbipexsa o Gisvesa ya eran susceptibles de ser incluidos en un ERE. La novedad es que "ahora también pueden verse afectados los adscritos directamente a la Administración central, autonómica o local", explica el secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis Cansado.
LA MAYORIA, MUNICIPALES Por la complejidad del sistema, no existen datos exactos de cuántos empleados no funcionarios y susceptibles de caer en un ERE hay adscritos a cada administración, pero los sindicatos apuntan que la mayoría se encuentran en los ayuntamientos y mancomunidades. Teniendo en cuenta que a la Junta de Extremadura le corresponden en torno a 8.000 laborales y al Gobierno central apenas 1.500, podría decirse que más de la mitad de estos 20.000 trabajadores pertenecen al ámbito local y que por tanto, es aquí donde se abrirán la mayor parte de expedientes.
Pero, ¿cuándo puede una administración pública presentar insuficiencia presupuestaria durante tres trimestres? Según explica el secretario de Acción Sindical de UGT, nueve meses después de haber presentado unos presupuestos con recortes. Para Cansado, permitir la aplicación de expedientes de regulación de empleo en la Administración en estos términos es la opción del Gobierno central para descargar a los ayuntamientos. "No son nuevas las dificultades que atraviesan las administraciones locales, que cuentan cada vez con menos ingresos y unas arcas públicas más mermadas", recuerda. Por este motivo y no solo porque los consistorios concentren la mayor parte de empleados laborales, Cansado cree que los despidos masivos se darán sobre todo en los consistorios y el ámbito local. "Ya está ocurriendo, los ayuntamientos no tienen recursos y estaban acudiendo al despido improcedente del personal laboral", alerta.
Tanto para Cansado como para Fernández, la nueva reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy supone una pérdida de derechos para los empleados públicos.
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