Reunión para certificar posturas antagónicas sobre el mayor proyecto turístico y de ocio de Extremadura. El complejo Marina Isla de Valdecañas, planteado con una inversión final de 200 millones de euros aunque hasta ahora se haya ejecutado poco más del 60% de lo previsto, sigue siendo una muestra de diálogo inútil entre la Administración regional y las asociaciones ecologistas. En los primeros días del inminente mes de abril concluye el plazo para que la Junta utilice una de sus últimas balas legales para evitar la demolición de Isla de Valdecañas. Es casi seguro que utilice ante el Supremo el argumento de imposibilidad para cumplir la sentencia del Supremo, conocida en febrero, que confirmó la ilegalidad del proyecto, lo que en el fondo conlleva el derribo de las instalaciones turísticas ya construidas.
Según ha podido conocer HOY, a mediados de este mes en Mérida la Junta mantuvo en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente un encuentro, el primero tras el último fallo de los jueces, con representantes de Adenex, una de las dos asociaciones denunciantes del proyecto. La intención era sondear las posibilidades de un acuerdo que no implique esa medida. La respuesta de Adenex fue negativa, la misma que ha transmitido telefónicamente al Ejecutivo de Monago Ecologistas en Acción, que no fue a la cita.
La reunión, en la que estuvo el propio consejero José Antonio Echávarri, fue breve. Lo fue entre otras cosas porque más que negociadora fue de tanteo. El Gobierno autonómico quería saber si los ecologistas dan margen a la negociación -como había dicho Adenex tras la sentencia del Supremo- o se mantienen en su postura de que solo se puede hablar de plazos de cómo ejecutar la sentencia. Es la posición que resumieron a HOY tanto el presidente de la asociación conservacionista hasta hace pocas fechas, José María González, como la abogada María de los Ángeles López Lax.
Divergencias
El encuentro de Agricultura certificó que a día de hoy ni hay acercamiento alguno, ni sobre todo parece que lo vaya a haber. Las posibilidades de consenso aparecen como nulas. La Junta, el PP y el PSOE regional y los municipios de El Gordo y Berrocalejo, sobre los que se asienta, consideran que Isla de Valdecañas, que funciona desde hace tres años, es un proyecto sobresaliente para la región por sus implicaciones económicas y laborales, por lo que defienden su supervivencia.
Mientras, Adenex y Ecologistas en Acción, que llevan siete años en los tribunales con este asunto, siguen manteniendo su discurso que no solo no debe construirse más (en realidad, están paradas la fase dos y tres del proyecto desde hace dos años) sino echarse abajo lo ya existente. Esto es, 185 villas, un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cuatro estrellas con 80 habitaciones, una base náutica o marina con 76 atraques ampliable a 150, un club social con piscinas, playa artificial, senderos peatonales y complejo deportivo.
«No vamos a negociar nada. Hay una sentencia y hay que cumplirla», enfatizó ayer a este periódico Ramón Alvarado, portavoz en Extremadura de Ecologistas en Acción.
A la vista de estas posturas, el camino judicial parece que se alargará para impedir ejecutar la sentencia. La promotora del proyecto ha visto, según los ecologistas, como no le ha sido admitido a trámite un incidente de nulidad con el que pretendía que la resolución del Supremo no tuviese efecto todavía.
Aunque la Junta no lo ha confirmado, es casi seguro que plantee en unos días al Supremo la imposibilidad legal para cumplir el fallo aduciendo que chocaría con la modificación de la Ley del Suelo que abrió en 2010 y 2011 la opción para construir en determinadas áreas de la Red Natura 2000.
Esa modificación (homologación del PIR de Valdecañas y del Plan General de El Gordo) está también denunciada por los ecologistas ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). López Lax da por hecho que el TSJEx, tras el fallo del Supremo, rechazará el cambio normativo aprobado por la Junta.
José María Gea, consejero delegado de Marina Isla de Valdecañas, prefiere no hablar de acciones judiciales aunque insiste en que, de un lado, «ese camino aún no se ha cerrado totalmente» y, de otra parte, recuerda que la empresa cuenta con los permisos para su proyecto.
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